Cómo cambiar precios relativos y no morir en el intento

Clarín / 27-06-2017
Por Marina Dal Poggetto

El gobierno anterior abusó del ancla cambiaria y tarifaria para manejar una inercia inflacionaria que desde hace diez años se ubica por encima del 20%. Mientras a la economía le sobraban dólares, esta trayectoria en combinación con salarios que año a año le ganaban a la inflación, permitió una sensación de bienestar que se vio reflejada en un aumento inédito del consumo y un salto en las importaciones que terminó reavivando la restricción externa. Pero, si bien el populismo dejó de ser “sustentable” cuando se agotaron los dólares comerciales y, por suerte, no se logró acceder al crédito, el esquema de administración de la escasez con cepo cambiario y controles de precios, permitió postergar la corrección y patear la pelota para la administración siguiente.

El único activo valioso heredado era una economía desendeudada, y es precisamente esta situación la que en un mundo muy líquido permitió al Gobierno elegir el camino gradual. Camino gradual con distintas intensidades: más agresivo en lo tarifario y en la baja de impuestos a las exportaciones, como una clara señal a corregir el déficit externo, pero en simultáneo, muy poco agresivo en lo fiscal, más bien al contrario ya que la baja de impuestos con devolución de fondos a las provincias, y el manejo del gasto derivaron en un aumento de la brecha.


Parados en noviembre de 2015, mientras los precios de los servicios regulados en dólares eran 67% menores a los de fines de la Convertibilidad, los precios de los bienes y de los servicios eran 33% y 27% más altos.

Esta distorsión es más evidente teniendo en cuenta que la inflación de bienes en EE.UU. en el mismo lapso fue prácticamente nula, mientras que la inflación de servicios ascendió a 43%, y explica por qué Argentina se volvió tan cara. Los datos de salarios formales muestran una distorsión similar, subieron 78% en dólares en 15 años, mientras que en EE.UU. lo hicieron al 44%, en tanto 20 p.p. de esta mejora estuvo asociada en forma directa al congelamiento tarifario.

Un año y medio más tarde, la inflación acumulada de 66% se compone de una suba en los precios en dólares de los servicios regulados de 85% (todavía resta un 70% adicional para volver a los niveles previos a la salida de la Convertibilidad), mientras los precios en dólares de los bienes cayeron sólo 3%, los de los servicios no regulados 1,5% y los salarios en torno a 8% (aunque resta computar el impacto pleno de las paritarias).

Estos números reflejan la sábana corta de la política económica pero fundamentalmente de la micro de cada sector para sobrevivir al aumento en los costos derivado de la corrección de precios relativos. Esto es lo que los economistas llamamos puja distributiva.

Mientras los sectores beneficiados (servicios públicos, ciertos segmentos de la energía, el agro y la agroindustria) festejan luego de años donde estuvieron pisados por la política, los empresarios de los demás sectores pretenden mantener y/o limitar la caída de sus márgenes (en algunos casos para compensar la caída en sus ventas) mientras los asalariados quieren recuperar la capacidad de compra de los salarios perdida en 2016. Si todos logran sus pretensiones, la corrección de precios relativos no se produce y sólo se termina en un nivel de inflación más alto.

La decisión de avanzar en un esquema agresivo de desinflación con una política monetaria muy rígida ayudó a moderar el salto inflacionario asociado a la corrección de precios relativos. Pero tiene implícita una inconsistencia inherente al propio esquema. Es que sin corrección de la brecha fiscal, sólo el cambio en el esquema de financiamiento genera una presión a la apreciación del tipo de cambio que termina alejando a la economía del objetivo de corregir el desequilibrio externo.

Pero además, la desinflación agresiva complica la corrección fiscal ya que deteriora el aumento en los recursos tributarios, en un contexto donde la mitad del gasto está indexado al pasado y se incrementa la carga de intereses del Tesoro y del BCRA.

A diferencia del gobierno anterior, parte de la agenda de largo plazo continúa en el año electoral (aumento de tarifas y tasas altas de interés). Esto explica el magro y dispar impacto sobre el consumo derivado de un salario que (a pesar del intento de usarlo como ancla) recupera parte del terreno perdido en 2016 en un contexto de sobrante de dólares financieros.

Magro crecimiento del consumo compensado por el fortísimo salto en la obra pública y la no corrección fiscal. De cara a 2018, los drivers del crecimiento en 2017 ya no están y la economía sólo crecería por el arrastre estadístico y algún impulso que pueda generar la deuda hipotecaria indexada.

Compensar con más déficit fiscal el impacto sobre la distribución del ingreso del cambio en los precios relativos sólo dura mientras el crédito esté disponible. De momento, la deuda sigue siendo baja, el mundo nos sigue prestando; y es esperable que lo haga un tiempo más, incluso el suficiente para volver a patear la pelota al próximo gobierno. Lo que resulta evidente es que los marcos regulatorios de los 90 con precios globales de la energía mucho más altos y una infraestructura más deficiente, con una presión impositiva mucho más alta, una economía cerrada y con los sindicatos argentinos, no son consistentes y mucho menos manejables sólo con política monetaria en un contexto de abultado déficit fiscal.